- Las constituciones no permanecen inmutables, están evolucionando conforme a las sociedades que sirven
Alcaldes, alcaldesas, miembros de Concejos Municipales y representantes de los 153 municipios del país también respaldan las reformas parciales de la Constitución Política de Nicaragua, en el marco de la sesión de consulta con miembros de la Comisión Especial Constitucional, celebrada este 6 de agosto.
La Procuradora General de Justicia, Wendy Morales, resaltó la importancia de las reformas para que el pueblo nicaragüense continúe avanzando en sus procesos democráticos. Según ella, las municipalidades desempeñan un papel estratégico en la construcción del desarrollo nacional y el fortalecimiento del Estado, y es el Pueblo Presidente el que define sus propias rutas de desarrollo.
“En nombre de todas las municipalidades del país, de los más de 3,000 compañeros que hoy se encuentran conectados en esta reunión, respaldamos con firmeza estas propuestas de reformas constitucionales que sabemos continuarán y serán en beneficio de nuestro pueblo”, dijo la Procuradora de Justicia.
A su criterio, la Constitución no solo representa normas supremas, sino que es la expresión jurídica de un proyecto colectivo de convivencia, distribuye las competencias del poder público; al mismo tiempo, reconoce derechos, establece responsabilidades y define principios que orientan la vida institucional de la nación.
“En ese ejercicio, el derecho constitucional ofrece una premisa ampliamente aceptada: las constituciones; estamos completamente claros, no permanecen inmutables, están evolucionando constantemente y evolucionan conforme a las sociedades que sirven, en este caso el pueblo de Nicaragua”, añadió.
Según Morales, los períodos constitucionales, las competencias de los gobiernos, la organización del Estado, el control institucional y las formas de representación política han experimentado modificaciones en muchos otros países, siempre obedeciendo a sus propios procesos históricos y necesidades de la sociedad.
Municipios exigen instituciones sólidas
“Nicaragua no es la excepción; también tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades y las hemos venido cumpliendo a lo largo de todos estos años y sobrellevando siempre con la unidad y con la sinergia que ha caracterizado a nuestro gobierno”, expuso.
Insistió en que la Constitución constituye la arquitectura jurídica del Estado, y “las municipalidades es la representación más cercana a la vida cotidiana de las familias nicaragüenses, el municipio es el espacio donde la acción pública se transforma en resultados tangibles”, manifestó.
En ese sentido, las transformaciones que experimentan los municipios exigen instituciones sólidas, con mayor capacidad técnica, jurídica y administrativa para responder a las demandas del pueblo.
Por tal razón, “la continuidad institucional permitirá se sigan ejecutando proyectos, sin interrupciones innecesarias y los recursos públicos permitan el mayor beneficio a las familias. Diversos países han adoptado diversos períodos de mandatos y el elemento común no es solamente la duración de un mandato, sino la existencia de instituciones capaces de asegurar la continuidad administrativa”, consideró.
“Por consiguiente, la eventual ampliación del período constitucional de las autoridades nacionales y locales desde la Procuraduría General de Justicia son vistas y comprendidas como un mecanismo orientado a fortalecer la estabilidad institucional, la continuidad de las políticas públicas y la planificación estratégica a largo plazo”, comentó.
Aspectos a reformar
El doctor Gustavo Porras, Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial Constitucional, repasó los seis aspectos sujetos a reformar.
“Acuérdense, el «no podrán», la estabilidad que tiene que ver con los 7 años, la seguridad y la cohesión que tiene que ver con los mandos y la reforma de la ley del Ejército y la Policía, las atribuciones que se le mandatan al Consejo Supremo Electoral para hacer cumplir esos cambios, el cambio de la fecha del 18 de enero para restituir ese agravio que teníamos a nuestra figura universal (Rubén Darío) junto con Sandino. Y la coherencia, que significa que todo el mundo (los cargos de elección y nombramientos) pasa a los 7 años”, explicó.
El diputado también hizo aclaraciones puntuales sobre el contenido de las reformas: “Lo primero que la gente se pregunta es si hay elecciones. Sí, hay elecciones.
¿Que si estas elecciones van a ser limpias y transparentes? Sí, van a ser limpias y transparentes. Van a tener toda su estructura electoral como ha habido siempre.
¿Que si van a ser periódicas? Sí, van a ser periódicas, van a ser cada 7 años, eso es lo que estamos proponiendo y, si se aprueba, van a ser cada 7 años. Las próximas serían en el 2028.
¿Sí pueden participar todos los nicaragüenses? Sí, todos los nicaragüenses patriotas pueden participar, independientemente del pensamiento político, de su visión ideológica, de su credo, de su etnia, todo.
¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar los traidores a la patria, los golpistas, los que violen la Constitución, los que no actúen como nicaragüenses, sino que actúen en contra de los nicaragüenses. Eso hay que dejarlo claro”, manifestó.
De igual forma, dejó claro otros aspectos que seguirán conservando el ejercicio democrático en Nicaragua.
“¿Y las elecciones van a ser secretas? Sí, van a ser secretas; sí, van a ser transparentes; sí, van a ser universales; sí, va a ser personal; sí, el voto es intransferible; sí, a a ser un voto directo; sí, va a ser un voto libre.
Destacó también la legalidad de los cambios que serán plasmados en la Carta Magna del país: «¿Y todos esos cambios que ustedes están haciendo son legales?, sí, absolutamente legales, tal y como manda la Constitución y mandan las leyes.
Porras puntualizó que el 27 de agosto estarán haciendo la última consulta y será con la juventud y los estudiantes, para luego aprobar las reformas constitucionales el 1 de septiembre próximo.
En esta sesión de consulta, además de los representantes de las municipalidades, también se integraron los procuradores nacionales, miembros del Sistema Nacional de Registros (SINARE), del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), así como diputados de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, entre otros.